El Contribuyente en el Impuesto de Sociedades

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El artículo 7 del LIS considera contribuyentes del impuesto aquellos que tengan su domicilio en territorio español y las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil.

Dentro de la clasificación que hace el LIS sobre los sujetos pasivos nos encontramos con entidades que, a pesar de no tener personalidad jurídica, tributan por sociedades.

Estas entidades son:

  • Los fondos de inversión, regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
  • Las uniones temporales de empresas, reguladas en laLey 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de las agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades de desarrollo industrial regional.
  • Los fondos de capital-riesgo y los fondos de inversión colectiva de tipo cerrado.
  • Los fondos de pensiones, regulados en eltexto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
  • Los fondos de regulación del mercado hipotecario, regulados en laLey 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
  • Los fondos de titulización hipotecaria, regulados en laLey 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria.
  • Los fondos de titulización de activos a que se refiere la disposición adicional quinta.2 de laLey 3/1994, de 14 de abril, sobre adaptación de la legislación española en materia de crédito a la segunda directiva de coordinación bancaria y otras modificaciones relativas al sistema financiero.
  • Los Fondos de garantía de inversiones, regulados en laLey 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
  • Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común reguladas por laLey 55/1980, de 11 de noviembre, sobre régimen de los montes vecinales en mano común, o en la legislación autonómica correspondiente.
  • Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la Disposición adicional décima de laLey 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
  • Residencia del contribuyente

Las entidades que concurran en alguno de los siguientes requisitos serán consideradas residentes en territorio español y tributarán por el Impuesto de Sociedades:

  1. Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas.
  2. Que tengan su domicilio social en territorio español.
  3. Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español.

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.

Para evitar el fraude fiscal, el artículo 8.1 de la LIS establece que la Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o territorio de nula tributación, según lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, o calificado como paraíso fiscal, según lo previsto en el apartado 1 de la referida disposición, tiene su residencia en territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en este, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión tienen lugar en aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la simple gestión de valores u otros activos.

Todas aquellas rentas obtenidas por entidades no residentes tributarán por el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR).

  • Domicilio fiscal

El artículo 8.2 de la LIS concreta que el domicilio fiscal de los contribuyentes residentes en territorio español será el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio fiscal, de acuerdo con los criterios anteriores, prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado.

Entendemos como domicilio social aquel que se establece en los estatutos de la sociedad.

  • Cambio de domicilio fiscal

En caso de cambio de domicilio fiscal, los sujetos pasivos están obligados a poner en conocimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria el cambio de su domicilio fiscal.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá promover el cambio de domicilio fiscal previa audiencia del interesado en la forma que reglamentariamente se determine.

  • Exenciones

La exención consiste en un beneficio fiscal por el cual, aun cuando el sujeto pasivo realice el presupuesto de hecho calificado por el legislador como hecho imponible, no se generan los efectos de este último. Es decir, una exención no impide que se realice el hecho imponible, sino que, realizado el mismo, no se produce el nacimiento de la obligación tributaria

Las exenciones pueden ser subjetivas, exentas total o parcialmente u objetivas, establecidas para evitar la doble imposición internacional.

Según el artículo 9.1 de la LIS están totalmente exentas de impuestos:

  1. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
  2. Los organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
  3. El Banco de España, los Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y los Fondos de Garantía de Inversiones.
  4. Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
  5. El Instituto de España y las Reales Academias oficiales integradas en él y las instituciones de las comunidades autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.
  6. Los restantes organismos públicos, así como las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
  7.  Las Agencias Estatales a que se refieren las Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de las Agencias estatales.
  8.  El Consejo Internacional de Supervisión Pública en estándares de auditoría, ética profesional y materias relacionadas.

Las entidades parcialmente exentas son:

  1. Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el apartado anterior.
  2. Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
  3. Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores.
  4. Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.
  5.  Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
  6. La entidad de derecho público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.
  7.  Los partidos políticos.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona. Máster en Asesoría Fiscal y Dirección Tributaria por la Universitat Politècnica de Catalunya.

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Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona. Máster en Asesoría Fiscal y Dirección Tributaria por la Universitat Politècnica de Catalunya.

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