Historia y Legislación del Impuesto de Sociedades

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El Impuesto de Sociedades es uno de los impuestos con mayor arraigo en el Sistema Tributario. Durante su larga existencia ha sufrido varias modificaciones: desde el tipo de gravamen hasta aquello que grava, pasando por su nombre. De hecho, no es hasta 1957 que se le da el actual nombre de Impuesto de Sociedades. Anteriormente era regulado por la Ley de 27 de marzo de 1900 de Contribución de Utilidades, la Ley de 26 de Julio de 1922, y el Texto Refundido de 22 de septiembre de 1922. Desde sus inicios, este impuesto ha tenido y tiene un alto poder recaudatorio y sirve como instrumento de política económica.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades tiene una serie de antecedentes, siendo el primero de ellos la Ley de 27 de marzo de 1900 de Contribución de Utilidades: en una de las tarifas que aplicaba, concretamente la III, se gravaba los rendimientos mixtos del trabajo y del capital. Por primera vez, se establecía un tributo que sobre las sociedades y que iba a propiciar las posteriores reformas del mismo.

De esta manera, en 1940 se propuso una nueva ley en la que se aumentaba los tipos de gravamen. Pese a aparecer en el Boletín Oficial del Estado y que su aplicación no fue total, supuso un aumento en los costes de producción y, por lo tanto, dificultó la competitividad y la capacidad de exportación de las empresas. Este aumento, entre otras razones, propició que este período se considere una de las etapas más negras de la Hacienda Pública española: generalización e incremento del fraude fiscal, grandes tasas de economía sumergida e injusticia fiscal.

Hasta 1957, con la Ley de 28 de diciembre, no se dio un cambio importante en la forma de tributar. La anterior reforma de 1940 generó una realidad paralela en cuanto a los tributos: aumentaron los recargos de los tipos de gravamen al tiempo que las bases imponibles se inventaban en base magnitudes conocidas previamente. En otras palabras, se prefirió aumentar la recaudación sobre una base ficticia y se mantuvo, e incluso incrementó, el fraude fiscal. El Estado educaba al contribuyente en un juego cuya factura pagaría el Tesoro Público. Por todo esto, la nueva Ley del año 57 pretendía recaudar más, pronto y bien, y se logró separando las contribuciones en tres partes diferentes. La que nos interesa aquí es una de estas tres, llamada Tarifa III, de la que se creó el Impuesto de Sociedades. La Contribución Industrial y de Comercio se sustituyó por el impuesto sobre beneficios industriales y comerciales, gravando con cuota fija a las personas jurídicas. Esta reforma tuvo un gran éxito recaudatorio y logró alcanzar el objetivo propuesto, que era la suficiencia recaudatoria para terminar con el déficit presupuestario estatal y, en última instancia, contener la inflación. Con esta nueva reforma, España se acercaba a la tendencia europea de tributar sobre el volumen de ventas. Como veremos más adelante, esta tendencia sigue manteniéndose, hasta el punto que en ocasiones los impuestos indirectos son superiores a los directos.

La siguiente reforma, de 1978, tuvo lugar en un escenario diferente:  tras la muerte de Franco se buscó un acuerdo amplio entre todos los actores para asentar la incipiente democracia. Por otro lado, aunque solo la mencionemos, influyó la crisis del petróleo de 1977 y la situación económica y laboral del estado. En este sentido, las medidas tomadas se encaminaron a poder remediar la situación de desempleo y baja competitividad empresarial. Junto con la moderación salarial, se pretendió evitar cualquier tipo de rebaja fiscal a las empresas que no fomentaran la creación de empleo, se dio mayor importancia a los impuestos directos y se aumentó la presión fiscal, ampliando los impuestos sobre las sociedades, entre otros, pero también introduciendo la progresividad. Sin embargo, quedaban aun asignaturas pendientes como el fraude fiscal.

Antes de llegar a la actual LIS, aún queda una parada en la reforma de 1995. Las novedades que aportó fueron deducciones en algunos campos, como la investigación y el desarrollo, para dotar de competitividad a las empresas, la reinversión de beneficios (que propicia incentivos fiscales) y la unificación del hecho imponible, constituyéndose unitariamente como obtención de la renta, en contraste con la anterior ley, que separaba los orígenes de la misma. Por otro lado, las sociedades quedaban sujetas, en general, a un gravamen del 35%. Las tributaciones para evitar la doble imposición empezaron a contemplarse.

Esta Ley inspiró los posteriores cambios, que se materializaron en el Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, para añadir y unificar la normativa existente, y la Ley 35/2006, que modifica parcialmente la LIS e incorpora la reducción gradual del tipo impositivo y se adapta a la normativa internacional en cuanto a fraude fiscal. Estas modificaciones han supuesto cambios fundamentales en la imposición sobre sociedades:

  • Se ha reducido el tipo impositivo, que ha ido variando, pero siempre por encima del 30% (actualmente se sitúa en el 25%).
  • Se ha reducido el número de deducciones destinadas a estimular el crecimiento en determinadas actividades.
  • Se ha ampliado el ámbito de aplicación del régimen especial de las pymes.

Antes de empezar con la actual Ley de Impuestos sobre Sociedades, acotaremos en qué lugar se inscribe y qué órganos son los responsables de asegurarse de que las empresas cumplen con sus obligaciones.

Existe el texto propio de la Ley de Impuesto sobre Sociedades y otros Reales Decretos. Los respectivos títulos son Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades; Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Impuesto de Sociedades; Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades; y la Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, referente al IS para no residentes (con una corrección aprobada un mes después).

Por otro lado, la ley que regula los tributos en general y determina qué órganos son responsables de ejecutar sanciones o revisar por vía administrativa su cumplimiento es la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), considerada como el marco en el que encuadraríamos a la LIS. Además, nos permitirá entender algunos conceptos que usaremos cuando expongamos la LIS.

De esta manera, la LGT dispone, en su artículo 5, que la aplicación de los tributos, el ejercicio de potestad sancionadora y la función revisora en vía administrativa es competencia del Estado, correspondiendo al Ministerio de Hacienda (excepto si por ley se encomienda a otro órgano público). Estas competencias corresponden a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). La Administración Tributaria queda constituida por los órganos y entidades públicas que desarrollan las funciones de aplicación de los tributos, de imposiciones, sanciones y revisiones, por vía administrativa.

La AEAT es, pues, un ente adscrito al Ministerio de Hacienda y es competente en la aplicación del sistema tributario y tiene potestad sancionadora en materia tributaria. En el caso de España, hay una organización central y otra territorial en cada comunidad autónoma.

Para acabar de entender en su conjunto a la LIS, esta es un impuesto estatal, es un impuesto directo (se grava la riqueza en sí misma) y es una ley que se enmarca dentro de la Ley General Tributaria que, a su vez, se enmarca dentro de la Constitución Española. No se trata de un apartado, de un subtítulo o de una ley menor: la base la marca la Constitución y la LGT es la norma superior del sistema tributario, del que la LIS es la parte especializada en la tributación societaria. De la LGT surgen los principios y las normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la Administración Tributaria, por ejemplo, respecto la doble tributación.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona. Máster en Asesoría Fiscal y Dirección Tributaria por la Universitat Politècnica de Catalunya.

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Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona. Máster en Asesoría Fiscal y Dirección Tributaria por la Universitat Politècnica de Catalunya.

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